Estatua de Robin Hood en el castillo de Nottingham.


Muy agradecido por su recomendación a Pedro Lalanda, CEO @ President Blue Star Commodities, S.L.
y Presidente de AvantForum – Asociación de Expertos.





¿Cómo sería el bienestar de las sociedades si el individuo más rico de cada país se convirtiera en Robin Hood, y redistribuyera toda su fortuna de manera equitativa entre los ciudadanos más pobres de la sociedad? ¿Y si se redistribuyeran los beneficios empresariales de las grandes corporaciones transnacionales?

Desde la explosión de la crisis financiera internacional de 2008, son muchos los países que han experimentado graves problemas en su economía real. En muchos de ellos se han producido aumentos espectaculares en volumen de desempleo, disminución en la calidad de los servicios públicos, o aumento de porcentaje de ciudadanos en niveles de riesgo de pobreza relativa, por citar algunos ejemplos.

En este escenario de crisis, donde los gobiernos se encuentran con insuficiencia presupuestaria para tratar de contener el avance de estos fenómenos, es cuando los resultados de beneficios empresariales que se publican cada año por parte de las grandes empresas cotizadas como el IBEX35 en España, son considerados socialmente inaceptables dadas las circunstancias.

Son múltiples los medios de comunicación que resaltan periódicamente las ganancias de este sector como toma de temperatura de los mercados. En el imaginario colectivo está instaurado la percepción de cierta incompatibilidad ética y/o moral entre aumentos de la desigualdad o desempleo, y la existencia de beneficios empresariales. La sabiduría popular entiende que la expropiación de estos supuestos beneficios desorbitados, fruto de la búsqueda de rentabilidad sin límites, permitiría la erradicación de múltiples problemas sociales, como por ejemplo, la pobreza en nuestras sociedades.

En el año 2014 la agencia Bloomberg, una de las tres más grandes del mundo dedicadas a proveer de herramientas de software de datos, estadísticas y análisis de mercados financieros, crea un índice denominado Robin Hood Index. Este índice busca medir cuántos ingresos obtendrían las personas más pobres de una sociedad si se les entregara el patrimonio del individuo más rico de esa misma sociedad.

Por ejemplo, si se repartiera la riqueza de Amancio Ortega entre los españoles que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, cada uno de ellos obtendría 6.319 dólares internacionales. Como se puede observar, aquellas sociedades situadas en las primeras posiciones (más dólares por ciudadano pobre) son las que tienen menor población en riesgo de pobreza, ya que el patrimonio a repartir es mayor por persona.




Aunque el índice deja abierta la incógnita de si 6.319$ serían suficientes para sacar a una familia del riesgo de pobreza y exclusión social, este estudio tiene múltiples deficiencias. Una de las más importantes, y dejando de lado el plano ético y/o moral, es que se está haciendo uso de una variable stock, como es el concepto de riqueza, para tratar de paliar un problema que es de tipo flujo (renta).

El valor de la riqueza, también llamado stock de capital neto, hace referencia a activos como puede ser un local comercial, una vivienda, o las acciones de una empresa, y que son la estimación de cuánta renta futura serán capaces de proporcionar esos activos a sus propietarios en el futuro, y que por tanto, son un valor de venta, y no una renta anual (por ejemplo, cuantos alquileres proporcionará una local durante un tiempo determinado). O dicho de otra manera, la venta de todas las riquezas (patrimonio) de Amancio Ortega, proporcionaría la renta para ser repartida entre los ciudadanos más pobres de España (6.319$ por ciudadano, una vez se ha vendido todo el patrimonio). Si se necesitara más dinero, se debería expropiar la propiedad del siguiente en la lista.

Por tanto, el ejercicio teórico no debería estar enfocado desde el punto de vista de la riqueza (variable stock), sino desde el punto de vista de la renta (variable flujo), es decir, en la capacidad de las instituciones públicas de aplicar impuestos a las rentas que generan estas riquezas (patrimonio) de manera recurrente.

Es necesario resaltar que este ejercicio es absolutamente teórico, puesto que no solo no se tiene en cuenta que esta visión es totalmente estática (con muy alta probabilidad al año siguiente descenderían notablemente estos mismos beneficios hasta desaparecer), sino que tiene otras múltiples deficiencias, como el impacto incuantificable que esta medida provocaría en los países en términos de crecimiento económico, desempleo (las grandes empresas generan el 37% del empleo total), inversión extranjera, o inseguridad jurídica, por citar solo algunos ejemplos.

Sin embargo sí es un ejercicio que permite poder dar forma a un mito instalado en el profundo imaginario colectivo, y es la hasta ahora incapacidad de cuantificar los beneficios de las grandes empresas cotizadas transnacionales (IBEX35 en España), y realizar un ejercicio de comparación con otras magnitudes, como son el déficit público de España, el gasto público social, o la erradicación de la pobreza de un país. Si se expropiara todos los beneficios empresariales anuales de las grandes cotizadas en nuestro país, como Santander, BBVA o Telefónica, ¿acabaríamos con la pobreza? ¿A cuánto ascienden comparado con el gasto público en fines sociales? ¿Cómo está nuestro país comparado con los países nórdicos, máximos exponentes de la socialdemocracia mundial?




Déficit público.

La primera comparación se realizará entre el déficit público en nuestro país (Fuente: Eurostat) durante el periodo 2008-2014, es decir, las necesidades de financiación del Estado por gastar más de lo que se recauda, con respecto a todos los dividendos de todas las grandes empresas cotizadas en España, es decir, los beneficios empresariales a distribuir entre los propietarios o accionistas de esas mismas empresas, una vez se ha realizado el pago del Impuesto de Sociedades al Ministerio de Hacienda (Fuente: Eurostat).

Para poner datos en perspectiva, como consecuencia del severo impacto de la crisis en nuestro país, el déficit público en 2009 ascendió a -118.237 millones de €, mientras que los dividendos (beneficios empresariales) de las grandes cotizadas ascendieron a 17.548 millones de €, lo que proporciona un resultado del 14,8%. O dicho de otra manera, si se hubieran expropiado todos los dividendos de todas las grandes empresas en 2009, solo se podría haber cubierto un 15% del déficit del Estado al completo. También es necesario resaltar que en 2010 en adelante, los porcentajes aumentan no porque los beneficios también lo hicieran, sino porque el déficit disminuye.




Gasto público social.

A continuación se representa una comparación año a año de los beneficios empresariales de las grandes cotizadas con respecto al gasto público social del Estado español. Es importante destacar que por simplificación no se han aplicado correciones por retención. Los dividendos, que ya han tributado previamente por Impuesto de Sociedades, cuando se distribuyen a personas físicas (los accionistas propietarios), se consideran rendimientos del capital mobiliario, y se integran en el IRPF en la base imponible del ahorro, tributando al 19.5% , 21.5% y 23.5% en 2015. Es decir, se están comparando dividendos sin retención a las personas físicas, con gasto público social que en parte tiene origen en estas mismas retenciones, por lo que en teoría los porcentajes finales deberían ser incluso menores.

Aun así, de acuerdo a las estadísticas oficiales, las partidas de gasto social son las relativas a pensiones (contributivas y no contributivas), sistema sanitario, desempleo, ayuda a vivienda, exclusión social, ayuda a ancianos, familias con hijos, bajas por enfermedad, y un largo etcétera (Fuente: Eurostat). A estas estadísticas se les ha incluido la partida relativa a gasto público total en educación (Fuente: Eurostat). A la vista de los datos se puede comprobar que los dividendos de las grandes empresas del IBEX35, comparativamente hablando con respecto a toda la partida de gasto social, apenas alcanzaron un máximo del 7.7%.




Comparación con los países nórdicos.

¿Y cómo es esta comparación en los países nórdicos? atendiendo a la sabiduría popular, la percepción general de los países nórdicos es de países socialdemócratas, con un mayor nivel de ética económica, y donde no se permite a las grandes empresas transnacionales alcanzar altas cotas de poder económico. Sin embargo a la vista del siguiente gráfico se puede comprobar que el comportamiento de los nórdicos es muy similar, de tal manera que comparativamente hablando, no solo apenas significan un porcentaje mínimo con respecto a todo lo que un Estado invierte en gasto público social, sino que incluso países como Dinamarca o Suecia presentan cifras históricamente superiores.




Salarios de los trabajadores.

También se considera interesante comparar la ratio compensación de los trabajadores vs dividendos para una selección de países, es decir, cual es la diferencia entre todos los salarios de todos los trabajadores de un país (incluye cotizaciones sociales aportadas por la empresa), con respecto a todos los beneficios empresariales de todas las empresas cotizadas transnacionales para los países en primera posición de este indicador para Europa (Fuente compensaciones salariales: Eurostat).

A la vista de los datos, España tiene una ratio Superior a Noruega y Alemania, aunque inferior al resto de países, como Finlandia, Francia, Suecia, etc. O dicho de otra manera, en los países con ratios inferiores a España (Finlandia, Francia, etc.), las transnacionales tienen más beneficios empresariales con respecto a todos los salarios de todos los trabajadores de su país. A modo de ejemplo, en España y Dinamarca por cada euro de beneficios empresariales, existen 33€ y 12€ en salarios (compensaciones) de trabajadores respectivamente.




Expropiación beneficios empresariales.

Finalmente se presenta un indicador diferente al índice Robin Hood, en el que se representa cual sería la distribución igualitaria de todos los beneficios empresariales de las empresas cotizadas de cada país entre todos aquellos ciudadanos que estuvieran en riesgo de pobreza y exclusión social en los países de Europa (Fuente: Eurostat).

Como se puede observar, los primeros puestos pertenecen a aquellos países que tienen una ratio ciudadanos/dividendo mayor, es decir, países que tienen un número de ciudadanos en riesgo de pobreza bajo o contenido (Holanda, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia), países que tienen un sector privado cotizado transnacional con elevados beneficios empresariales (Irlanda, Bélgica, Inglaterra, Francia), o una situación intermedia (Alemania). Para el caso de España, la expropiación de la totalidad de los beneficios empresariales solo proporcionaría 92€ al mes a familias en riesgo de pobreza y exclusión social. También es interesante destacar que nuestro país aparece en el puesto número 12 en beneficios empresariales de sus grandes cotizadas como porcentaje del PIB.




Conclusiones.

A modo de conclusión, el presente artículo trata de analizar y comparar los beneficios empresariales de las grandes empresas cotizadas con respecto a otras magnitudes, con lo que así obtener puntos de referencia desde donde poder contrastar. En primer lugar, si se comparan los beneficios de estas grandes empresas con respecto al déficit público de España, se ha podido comprobar que en 2009, año de la gran caída de ingresos, explosión del gasto público, y en el que todavía no habían comenzado los recortes y disminución del déficit, apenas hubieran podido aportar un 15% en su disminución.

Por otro lado, también era interesante comparar los beneficios de estas grandes transnacionales con respecto al presupuesto público del Estado en gasto social anual, es decir, gasto público en pensiones, sanidad, educación o ayuda a dependencia, por citar algunos ejemplos. A la vista de los datos se puede comprobar que no solo ha representado apenas un máximo del 7.7% en el periodo 2007-2013, sino que su comportamiento es muy similar, sino incluso menor, a los países nórdicos, paradigmas y referencia de la socialdemocracia mundial.

También se ha comparado estos mismos dividendos con respecto a todos los salarios de los trabajadores en una selección de países de peso en Europa. Se ha podido comprobar que España no solo se encuentra entre los países en cabeza en este indicador, sino que países más avanzados al nuestro, con mayor renta per cápita, rentas medianas, o menores valores de pobreza relativa (en definitiva, en mejores posiciones en prosperidad de las naciones), sus empresas cotizadas obtienen más beneficios con respecto a los salarios de sus trabajadores.

Por último, se ha rediseñado el índice de Robin Hood desde la perspectiva de la renta, y se ha podido comprobar que la expropiación total y posterior redistribución igualitaria de todos los beneficios empresariales del IBEX35, apenas proporcionaría 95€ mensuales a cada ciudadano en riesgo de pobreza y exclusión social, no quedando claro si con esta cifra se podría solucionar este problema en nuestro país.

Es necesario repetir que el presente análisis es teórico, basado en un modelo estático sin la más evidencia empírica de su viabilidad real. El incremento del impuesto de sociedades hasta un 100%, y por tanto, la fagocitación de todos los beneficios empresariales por parte del Estado, provocaría un tsunami de eventos imposibles de calcular como consecuencia del problema de imposibilidad de cálculo económico. Los beneficios futuros no solo serían decrecientes, provocando una disminución de recaudaciones futuras, sino que probablemente descapitalizaría a todo el tejido empresarial directo (las grandes cotizadas) e indirecto (las pequeñas y medianas empresas dependientes), generando desempleo, corralito bancario, o decrecimiento económico, por citar tres ejemplos.

El objetivo del artículo no es afirmar si los beneficios empresariales son elevados o no, si deberían ser superiores o inferiores, o si son aceptables desde un punto de vista ético o moral en las circunstancias actuales. El objetivo es tratar de poner datos en perspectiva, comparar magnitudes, aplicar el sentido crítico sobre narrativas populares aparentemente fáciles de entender sobre problemas no solo complejos de analizar y solucionar, sino que ningún país del mundo y la historia ha conseguido solucionar a través de políticas públicas similares.

La evidencia y el sentido común ponen de manifesto que los supuestos beneficios desorbitados de empresas pertenecientes al IBEX35 apenas representan valores significativos con respecto a otras magnitudes más fáciles de cuantificar y comparar. Es por tanto que las soluciones a los problemas no deben venir del mundo de las ideas, narrativas y percepciones, sino de políticas públicas reales, que hayan sido testeadas en otros países, y cuyos resultados puedan ser comprobados para su posterior replicación.