Es importante destacar que los objetivos del presente artículo no son analizar o afirmar qué modelo educativo es mejor o peor, si de titularidad pública o privada, si el concierto debería existir o no, o si debería aumentar o disminuir el gasto público en educación. Tampoco realizar un análisis con objetivos de eficiencia, cómo mejorar la productividad, estudiar las posibles reformas del currículo educativo que permitieran una estabilidad del sistema a medio y largo plazo, o proponer políticas que ayuden a estudiantes en condiciones socio-económicas de riesgo, por citar algunos ejemplos de múltiples existentes.

Tampoco estar en contra del sistema educativo público y sus profesores, uno de los pilares básicos en creación de riqueza y fuente de la prosperidad de las naciones modernas. El único objetivo exclusivo es analizar con datos y estadísticas de fuentes oficiales de máximo rigor, si la crisis y las políticas de austeridad están desmantelando el sistema público de educación, es decir, aplicando recortes presupuestarios que resten recursos e impidan un modelo público de calidad, equitativo, y que promueva la igualdad de oportunidades.




Una de las reivindicaciones más importantes desde el inicio de la crisis de 2008 ha sido la relativa a la supuesta disminución del gasto público social reflejada en los presupuestos generales del Estado desde la citada fecha hasta el momento actual, y más concretamente, a una de las partidas que pueden considerarse fundamentales en el sostenimiento de lo que se denomina estado de bienestar e igualdad de oportunidades, como es la educación pública.

El número de artículos dedicados a este hecho en prensa escrita, televisión y en medios de comunicación en general es innumerable (ejemplos representativos se pueden ver aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí o aquí). La narrativa establece que han sido los recortes y disminución de este gasto público los causantes del supuesto desmantelamiento del sistema de educación pública, es decir, una progresiva disminución de su estructura, como es el recorte notable en número de profesores, aumento del número de alumnos por aula, disminución de la inversión, disminución de la oferta pública de empleo docente, y un largo etc. Es desde este contexto desde donde se puede comprender el fenómeno de la movilización social de mareas verdes en defensa de la educación pública ocurridas en España desde 2011.




La consecuencia más evidente es la disminución de la calidad en la educación, y por tanto, un salto en desigualdad inter generacional que condenaría a toda una generación a no poder acceder a los beneficios que conlleva una mejor educación. Y el problema no es baladí. De acuerdo a las estadísticas oficiales, de los 9,2 millones de alumnos estudiando en centros de educación reglada en el curso 2015/16, el 70,5% estudiaba en centros de titularidad pública (6,5 millones), por lo que las consecuencias de esta supuesta desigualdad en educación podría adquirir dimensiones notables.





Cómo se presentan los datos

Una de las gráficas más espectaculares es la proporcionada por el periódico El País, y en la que se puede apreciar el retroceso en el nivel de gasto de las Administraciones públicas en centros de titularidad pública a valores de 2001 (gráfico siguiente - línea amarilla). Por el contrario, se produciría un incremento del gasto de las familias en estas mismas instituciones (línea roja), así como de las transferencias de recursos públicos a educación concertada (línea verde).

Este supuesto trasvase de recursos tendría múltiples repercusiones. En palabras del informe más importante realizado hasta la fecha (Fuente: Ivie), que analiza con el máximo grado de exactitud la evolución económica de la inversión en educación en España:


“Una mayor dependencia de la educación del gasto de las familias condiciona la igualdad de oportunidades educativas porque los hogares con ingresos elevados y mayor nivel de estudios de los padres gastan porcentajes muy superiores en formación”




Se podría decir que de ser cierta esta información, un retroceso de 11 años en términos de gasto público en educación pública por alumno sería un recorte basado en una decisión política no solo regresiva, sino de un impacto incalculable en la igualdad de oportunidades y prosperidad de las naciones. O dicho de otra manera, se estaría desmontando la educación pública en base a una disminución gradual de su financiación a límites que hacen inviable una educación digna.

Pero como siempre, es importante aplicar el sentido crítico y cuestionar las siguientes preguntas ¿Son ciertas estas afirmaciones? ¿se está desmontando el modelo educativo público? ¿el retroceso de más de 11 años en financiación pública también implica un retroceso en la calidad de la enseñanza pública?


Una primera aproximación

De los casi 69.552 millones de € de gasto total que se destinaron a actividades educativas en 2013, en torno a 40.000 millones de € (57,5%) fueron regulados por el Estado a través de sus presupuestos generales para financiar educación pública, concertada y formación ocupacional, y 29.520 millones de € destinadas a actividades educativas por parte del sector privado (Fuente Ivie, cuadro 4.2).

Una de las métricas más utilizadas para evaluar el gasto público en educación, es su comparación internacional con respecto al PIB, es decir, de toda la producción de un país en un año, qué parte se destina al sistema educativo. En la siguiente gráfica se presenta el gasto público agregado total (barras azul oscuro) y privado (azul claro) con respecto al PIB, desde infantil hasta universidad, y para una selección de países de la OCDE (Fuente: OCDE at a Glance 2015). Como se puede observar, España está a la cola en este apartado, junto a países como Lituania, República Checa o Hungría, por lo que en un principio se podría afirmar que España invierte poco en capital humano.




Sin embargo, si se quiere tener una perspectiva más exacta y con mayor resolución de qué está ocurriendo con el gasto público en educación, el costo por alumno es una metodología mucho más cualitativa y transparente que si la medición se realizara con respecto al PIB. Un país puede invertir más o menos en educación con respecto al PIB, simplemente porque aumenta o disminuye la población en edad de estudiar, o porque como ocurrió en España, la crisis contraiga y expanda con virulencia este indicador.

La gráfica que se ofrece a continuación (Fuente: Fedea - CSIC y BBVA Research) se centra en el coste por alumno para toda la partida de gasto corriente para educación por parte de las administraciones públicas (todo el sistema educativo en agregado, tanto Régimen General como Régimen Especial), y que básicamente serían las destinadas a centros de titularidad estatal, y subvenciones a centros de titularidad privada como es la concertada. A la vista de los datos se puede comenzar a percibir conclusiones no mucho mejores, pero sí un poco diferentes a las anteriores.

De acuerdo a este estudio, el gasto por alumno efectivamente cae desde niveles máximos en 2009, para estabilizarse en 2014 a valores similares a lo que se invertía en 2007. O dicho de otra manera, desde el punto de vista del gasto por alumno, la caída desde 2009 es en torno al -10,6%, cifras un poco diferentes a caídas del 22% de gráficas anteriores.




Sin embargo el citado estudio tiene deficiencias que no permiten encontrar las respuestas al problema. Por un lado existe un efecto composición, ya que la intensidad de la presencia pública o privada varia por niveles educativos, y la pública es mayor en los niveles educativos superiores. Por otro, el estudio de Fedea es una agregación de todos los niveles formativos y titularidad, sin desagregar por subniveles y pública vs privada. Por último, realizar las comparaciones indexadas a 100 no dan una perspectiva sólida del contexto. Por estas razones la comparación más interesante es el gasto por alumno atendiendo a la titularidad de los centros y por nivel educativo, que es como se realizará en próximos capítulos.

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