Väinämöinen, héroe con poderes mágicos para el canto y la música, protagonista central de la épica nacional de la literatura finesa Kalevala.


De un tiempo a esta parte ha vuelto a surgir con gran fuerza el debate sobre la supuesta insostenibilidad de las pensiones públicas en nuestro país. El debate es intenso y casi irreconciliable, ya que por un lado se encontrarían los cálculos e informes de insostenibilidad a largo plazo realizados por la Seguridad Social [1], el Banco de España [2], o incluso la Comisión Europea [3], y por otro el descontento lógico y comprensible de los trabajadores que ven cómo su futuro se repartirá entre pensiones que irán perdiendo poder adquisitivo, y la falta de alternativas y credibilidad política que permitan pensiones dignas para todos.

El modelo público utilizado en España es un sistema de gestión estatal de “caja única”, que funciona en régimen de “reparto” (pay-as-you-go), de una “cuantía definida” fijada por Ley, y relacionadas sólo de forma indirecta con lo cotizado por sus beneficiarios. En nuestro sistema de reparto público, lo percibido por los jubilados no proviene de una "hucha" ahorrada a lo largo de la vida laboral de un trabajador, sino que es un simple apunte contable financiado en tiempo real por las cotizaciones sociales que mensualmente el Estado obtiene de los salarios de los trabajadores en activo.

En el imaginario colectivo se percibe el sistema de pensiones públicas contributivas como un modelo de referencia, de defensa del bien común basado en una moral colectiva, fundamentado en la solidaridad intergeneracional, que defiende a la clase trabajadora, que ecualiza las grandes desigualdades por su caracter redistributivo, y que por su titularidad pública, se independiza de los incentivos perversos de búsqueda de rentabilidad propia de los mercados privados.

Y es precisamente por estas características que la sabiduría del imaginario colectivo entiende que los países nórdicos, modelos y referencia mundial por sus políticas públicas sociales, son los países a la vanguardia en la defensa del bien común relativas a la gestión de las pensiones públicas de este colectivo tan frágil. Es por ello que es interesante analizar cómo son las políticas públicas en los países nórdicos que les ha permitido diseñar un modelo económicamente sostenible, y que al mismo tiempo, cumple con los estándares de justicial, paz social y solidaridad intergeneracional.


Entrando de lleno en la materia, la tasa de sustitución ("replacement rate") indica el porcentaje que supone la primera pensión que recibe un jubilado con respecto al último salario medio antes de retirarse. Las siguientes dos tablas [4] muestran la tasa de sustitución neta y bruta total para rentas salariales que van desde el 50% del salario medio de cada país (0.5 AWG), hasta quien tiene un salario un 50% superior a la media (1.5 AWG), lo que es un buen indicador de cómo se distribuyen las pensiones entre pensiones bajas y altas.

En tasa de sustitución neta, que es la variable importante por representar la renta jubilación final después de impuestos y transferencias, España presenta cifras similares a Dinamarca (un jubilado medio se retira con 81.8€ de cada 100€ que obtuvo como su último salario), y superiores a Suecia, Finlandia, Islandia y Noruega. Holanda es el país que presenta tasas de sustitución casi únicas en toda la OCDE, con el 100% de su último salario antes de retirarse.




Sin embargo estas cifras presentan una particularidad, y es que en Europa, y en los países nórdicos en particular, la pensión pública obligatoria que se financia con las cotizaciones sociales se divide en dos sub componentes: pensión pública estatal obligatoria (la única existente en España), y pensión privada obligatoria por capitalización de adhesión automática.

Como se puede observar en la siguiente figura en la que se desagrega por rúbricas y en términos brutos, España aparece por delante de todos los países nórdicos en pensión pública estatal ("Mandatory Public") con una tasa de sustitución del 72.3%, mientras que Dinamarca, Islandia y Holanda, asientan el grueso de su renta de jubilación en pensiones privadas obligatorias que gestionan las empresas (o entidades públicas) en colaboración con sus sindicatos ("Mandatory Private"). Noruega y Suecia presentan una aportación más modesta aunque no por ello menos importante.




La tasa de beneficio ("benefit ratio") indica la pensión media que reciben todos los jubilados de un país con respecto al salario medio de la economía produtiva. En 2013 España tenía una tasa de beneficio del 65.5%, una cifra superior a Suecia (37.8%), Finlandia (48.9%), Holanda (34.2%), y Dinamarca (57.5%), indicativo de que las pensiones en los países del norte de Europa disfrutan de rentas más contenidas que España con respecto a los trabajadores en activo de la economía productiva [5].




También es interesante resaltar el valor en propiedad que tienen los trabajadores en cada uno de estos países a través de estos fondos de pensiones privados por capitalización (obligatorios y voluntarios). En términos de activos como porcentaje del PIB, contrasta el 14% del PIB de España con países como Dinamarca u Holanda, cuyos trabajadores y jubilados tienen activos por un valor de 209% PIB y 180.3% PIB respectivamente.

Si se corrige por habitante, Dinamarca estaría en cabeza con activos por valor de 107.000$ por habitante. A continuación vendría Islandia con 80.000$, Holanda con 75.600$, Suecia con 39.400$, Finlandia con 24.500$, Noruega con 7.100$, y en última posición España con apenas 3.500$ por habitante.




Si se analiza cómo invierten estos fondos de pensiones privados (obligatorios y personales), se puede observar que los países nórdicos lo hacen con una cartera de perfil riesgo que busca una mayor rentabilidad (acciones - "shares"), mientras que en España lo hacen con un perfil conservador que da menos rentabilidad (bonos del tesoro y depósitos bancarios). Este diseño tan diferente de las carteras entre España [6] y nórdicos sería una posible razón por la que estos últimos alcanzan tasas de sustitución total (público más privado) elevadas, aún cuando la componente pública estatal es tan baja.




En relación a cómo se invierten las cotizaciones sociales que van a los fondos de reserva de las pensiones públicas (en España sería la famosa "hucha de las pensiones"), mientras España se hace completamente en bonos del Tesoro (bajo riesgo y rentabilidad), en los países nórdicos contemplados en el informe tienen entre un 40% y un 60% de la cartera invertida en acciones empresariales del sector privado (alto riesgo y rentabilidad).




Como última métrica, es imprescindible hablar de cómo se calcula la pensión a la hora de que un trabajador se jubile. La primera premisa para realizar el calculo es sumar todas las bases de cotización de los años previos al retiro laboral. Si se suman todas estas bases, se obtiene la base reguladora, y la pensión dependerá, entre otras variables, de los años de cotización. Cuantos más años de cotización entren en el cálculo, más baja será la tasa de reemplazo para la pensión, es decir, la pensión con la que un jubilado se retira. Como se puede observar a continuación [9], España contabiliza los últimos 25 años cotizados, mientras que en Dinamarca, Holanda, Finlandia y Noruega, se contabiliza toda la carrera profesional, lo que deprime aún más la tasa de sustitución.




Pueden ser muchas las razones que expliquen la falta de apoyo social en España para cambiar el modelo actual hacia uno mixto. Una de ellas es la incertidumbre de que el sector financiero se haga con el control de un capital que provocaría que no solo una minoría pudiera tener acceso a una pensión digna, sino que esta búsqueda de rentabilidad no proporcionara lo prometido.

Y esta segunda incertidumbre puede que tenga cierto grado de verdad. De acuerdo al estudio más completo en la actualidad sobre fondos de pensiones privados en España[7], entre 2002 y 2017 la rentabilidad media del IBEX 35 tuvo un promedio anual de 8,19%, mientras la rentabilidad media de los fondos de pensiones privados fue de apenas un 3,03% anual.




Esto puede ser indicativo de que nuestro sistema financiero todavía está atrasado, es poco competitivo, y mal regulado por los poderes públicos. Si se compara con la situación del resto de países de la OCDE, España no solo está a la cola en rentabilidad real en los fondos de pensiones privados, sino que es quien aplica las comisiones de gestión más altas de todos. Los países nórdicos se encontrarían en la situación opuesta, copando las primeras posiciones en el primer indicador, y manteniendose en la media en el segundo, lo que indica que al tener un sistema financiero mejor regulado y más competitivo, redunda positivamente en los trabajadores y jubilados.






En relación a la incertidumbre de que solo una minoría pudiera acceder a estos fondos por capitalización, es importante destacar las coberturas de estas pensiones privadas ogligatorias, es decir, si solo puede acceder una minoría privilegiada, o es universal para todos los trabajadores. En 2016, 17 de 35 países de la OCDE alcanzaron una cobertura casi universal (alcanza a todos los trabajadores) en su sistema de pensiones privadas obligatorias o cuasi obligatorias a través de las negociaciones de los convenios colectivos entre trabajadores y empresas. Todos los países nórdicos, a excepción de Noruega, alcanzan una tasa de cobertura casi universal, mientras en España no están contempladas por ley.




La última razón propuesta de las múltiples que explicarían este fenómeno de aversión en nuestro país, sería el supuesto aumento de la pobreza que provocaría la gestión privada de parte de las cotizaciones sociales de los trabajadores sobre esta población de riesgo. Y aunque este supuesto pudiera tener cierta lógica, la realidad es totalmente diferente, ya que de acuerdo a una de las métricas más importantes como es la tasa de pobreza severa para mayores de 65 años, los países nórdicos copan las primeras posiciones en menor tasa de pobreza absoluta, y en la que España también figura con excepcional nota [8].





Conclusiones.

En el presente artículo se ha podido verificar que el modelo de pensiones públicas diseñadas en los países nórdicos no tienen nada que ver con la percepción popular al uso. Una de las grandes diferencias entre ambos modelos radica en que los nórdicos tienen tasas de reemplazo medias estatales 40 puntos inferiores a España, con casos paradigmáticos como Islandia o Dinamarca, que apenas ofrecen un 3.2% y 14.8% respectivamente. O dicho de otra manera, mientras en España en términos brutos un jubilado se retira con una pensión pública estatal de 72.3€ por cada 100€ de último salario (81.4€ en términos netos), en Islandia lo hacen con 3.2€ de cada 100€, y Dinamarca con 14.8€ de cada 100€.

La segunda gran diferencia se encuentra en cómo estas sociedades están abiertas a otros modelos de gestión, que a priori, pueden ser catalogados en nuestro país como modelos antisociales. Son países que han alcanzado pactos y acuerdos entre agentes sociales para que parte de las cotizaciones aportadas por trabajadores y empresas, sean gestionadas mediante fondos de pensiones de gestión privada universal. Sobresalen casos pardigmáticos como Dinamarca e Islandia, que alcanzan tasas de sustitución final incluso superiores a España gracias a que el grueso del capital proviene de su modelo de capitalización privada.

La tercera gran diferencia es que los trabajadores y jubilados nórdicos no solo tienen derechos sobre rentas de trabajadores en activo (componente estatal), sino que son propietarios de enormes volumenes de activos reales mundiales (componente capitalización). Y esto lo consiguen gracias a un modelo de gestión e inversión mucho más profesionalizado y mejor regulado, lo que afecta no solamente positivamente en la renta jubilación de los pensionistas, sino que mantiene la confianza, cohesión y paz social entre gobierno, trabajadores y sindicatos.

Y es desde esta perspectiva que se puede entender que, como consecuencia del "invierno demográfico" que nos espera de aquí a 2060, la Unión Europea proyecta [5] que España podrá tener un sistema de pensiones público sostenible si converge con el resto de Europa en general, y los países nórdicos en particular. En 2060 las pensiones públicas estatales obligatorias pasarán de tener una tasa de reemplazo del 79.0% en 2013, a un 48.6% en 2060, tasas similares a las que disfrutan a día de hoy en 2017 los países nórdicos, y que seguirán siendo superiores a las proyectadas en 2060 para Suecia (29.0%), Noruega (36.2%), Finlandia (44.1%), Holanda (28.3%) o Dinamarca (32.8%).




Los informes que se dedican a analizar si un sistema de pensiones es o no sostenible son complejos y profundos, y están muy lejos de narrativas simplistas basadas en argumentos de falta de voluntad política. En estos cálculos intervienen multitud de variables, como tasa de reemplazo, edad efectiva de jubilación, población activa, población ocupada, ratio ocupado/jubilado, estimaciones de tasas de fertilidad, inmigración neta, desempleo, estimaciones de crecimiento de PIB, productividad del trabajo, modelos demográficos, y un largo etcétera.

Los países nórdicos hicieron en el pasado las reformas necesarias porque entendieron que el problema demográfico, y su correspondiente impacto económico, era real y no relacionada con voluntad política. Podrían haber enfrentado el problema desde una óptica simplista y populista basada en narrativas de buenos contra malos, de intereses contrapuestos entre pueblo y élites, de conquistas del capital sobre el trabajo.

La realidad es que hicieron grandes reformas basadas en pactos entre todos los agentes sociales, en la rigurosidad a la hora de diseñar políticas públicas, o de una correcta regulación del sistema financiero, con el objetivo de beneficiar a todos, de mantener la cohesión social, la solidaridad intergeneracional, y en definitiva, sin dejar a nadie atrás. La gran incógnita es averiguar si nuestra clase política y agentes sociales estarán a la altura de sus congéneres nórdicos.


Bibliografía: