Recientemente, a cuenta del día Internacional contra la Corrupción, múltiples medios de comunicación se hicieron eco de un comunicado [1] del grupo político Los Verdes en el parlamento europeo en el que se cifraba en 90.000 millones de € la corrupción española. Aunque ya se profundizó en artículos anteriores, es interesante complementar, a la luz de las fuentes originales, nuevas interpretaciones que se están realizando sobre este famoso informe.



Fuente: ElPais

Como suele ser la norma, el principal inconveniente de la noticia no es la veracidad de la cifra que se evalúa, en este caso está basada en un informe [2] elaborado por el Parlamento Europeo, sino en su interpretación. Y en concreto, en equiparar una estimación de corrupción, basado en indices de percepción social, con un coste presupuestario y una medición auditada.

En primer lugar, si se lee el informe en profundidad, se puede entender que la estimación de esta cifra está basada en una percepción ciudadana, y no en mediciones reales. O dicho de otra manera, el incremento de 90.000 millones de € en PIB que estima el informe está basado en el nivel de percepción que la ciudadanía tiene de cada uno de sus países si convergiera con los países con menor percepción de la UE. O dicho de otra manera, no es una cifra medible, sino una estimación de lo que los ciudadanos creen que es el volumen de corrupción.

En segundo lugar, una vez que se entiende que los 90.000 millones de € son un nivel extra de PIB y no dinero en efectivo, se puede entender por qué no son un coste presupuestario. Si se quisiera saber cuánto sería el coste que el erario público dejaría de recaudar para gasto público, se debería aplicar el porcentaje de presión fiscal en España. Si en nuestro país casi 4 de cada 10 euros (40%) de PIB son recaudados por el Estado en forma de impuestos, el montante final que sí podría utilizarse como coste presupuestario sería en torno a 36.000 millones de €, una cifra realmente importante, pero que está lejos de los 90.000 millones de € que se utilizan para comparar partidas presupuestarias.