Uno de los temas actuales más controvertidos hoy en día es el relacionado con la auditoría de la deuda pública. Son varias las plataformas ciudadanas y líderes de partidos políticos (aquí, aquí, o aquí) que han empezado a movilizarse en favor de realizar una auditoría con la que tratar de dar luz sobre su posible origen ilegítimo. El fín último es la paralización del pago de la deuda pública y el inicio de un proceso de control ciudadano de las cuentas públicas, independiente de las instituciones, que determine la parte que no ha de pagarse por considerarse ilegítima, y la que sí debe pagarse por corresponder a los ciudadanos. El número de artículos de prensa sobre esta cuestión es ingente, y solo una rápida búsqueda en Google puede dar fé de ello.

El propósito de este artículo no es explicar el funcionamiento de la deuda pública, sino dar luz sobre una cuestión que casi nadie parece reparar en ella, y que ha dado lugar a la creación de otro mito económico más. Un mito que no solo propagan economistas licenciados e incluso doctores, sino hasta presidentes de estados extranjeros. Sin embargo la realidad es bastante diferente de la que se trata de propagar en los medios de comunicación, ya que el detalle fundamental es que las deudas públicas no se pueden auditar, puesto que su emisión no es finalista. Sí se puede auditar el gasto de la deuda, es decir, en qué decidió la clase política gastar el presupuesto correspondiente a su entidad pública (por ejemplo, los PGE a nivel estatal), pero no la deuda contraída en sí con la finalidad de buscar un origen ilegítimo.


Las deudas públicas no se pueden auditar, puesto que su emisión no es finalista


Pero, ¿qué significa que no es finalista? Los países cuando tienen déficit público, es decir, gastan más de lo que ingresan, emiten a través de su Tesoro Público lo que se denomina deuda pública (bonos y letras del Tesoro). Cuando los inversores mayoristas (fondos de inversión), o inversores minoristas (ciudadanos comunes) compran títulos de deuda pública, no se hace especificando cómo y dónde quiere que se gaste su inversión. No existe ninguna manera en la que el inversor que presta su ahorro a un país, pueda decidir si quiere que ese país lo destine a gasto social (hospitales, colegios, pensiones, etc.), o a gasto ilegítimo (corrupción, extracción de rentas, etc.), puesto que en las subastas de estas emisiones, no se especifica nada relacionado con ello.


No existe ninguna manera en la que el inversor que presta su dinero a un país, pueda decidir si quiere que ese país lo destine a gasto social (hospitales, colegios, pensiones, etc.), o a gasto ilegítimo


Se puede verificar muy fácilmente entrando en la sección de compra por internet del Tesoro Público español, y adquiriendo deuda pública en cualquiera de sus emisiones periódicas (la compra minima es de 1.000€ o mútiplos), o a través de cualquier broker o banco comercial que invierta en títulos de deuda pública de cualquier país extranjero.

Cuando se realizan auditorias de gasto público (que no de deuda pública), y finalmente se decide qué porcentaje no debe pagarse, no se puede discriminar un origen ilegítimo sobre quien realizar el impago. No existen inversores que decidieron que con su dinero se debían realizar actividades corruptas o gasto que no fuera para el bienestar de los ciudadanos. Básicamente porque incluso los grandes fondos de inversion, nacionales o internacionales, de renta fija (fondos que invierten en bonos publicos de múltiples países), no son mas que agregadores de cientos de miles de pequeños ahorradores (pensionistas, trabajadores, etc.) que confian su capital a sus gestores.

Por tanto, la finalidad de este artículo no es analizar si se puede o no realizar una auditoría del gasto público, puesto que técnicamente es perfectamente viable, sino aclarar que una auditoria pública de la deuda no solamente es imposible de realizar en los países occidentales, sino que los impagos se realizarían con muy alta probabilidad sobre inversores de buena fé que prestaron su ahorro para gasto público responsable.